Hay una idea que aparece de forma recurrente cuando se observa la historia con cierta perspectiva: los sistemas políticos cambian, las ideologías cambian, los nombres cambian y las instituciones también cambian, pero algunas dinámicas profundas del poder parecen repetirse una y otra vez. No de forma idéntica, ni siguiendo una secuencia matemática, ni obedeciendo a una especie de ley inevitable de la historia, pero sí con suficiente frecuencia como para que resulte difícil ignorarlo.

Una sociedad conquista libertades, construye instituciones para organizarse y delega en ellas parte de su capacidad de decisión. Esas instituciones concentran poder porque, en algún lugar, alguien tiene que tomar decisiones, gestionar recursos y hacer cumplir normas. Con el tiempo, quienes controlan esas estructuras adquieren información, influencia y capacidad para proteger su posición. Cuando esa posición empieza a verse amenazada, el poder tiende a endurecer sus mecanismos de defensa. Si la legitimidad continúa deteriorándose, la sociedad puede entrar en una espiral en la que cada vez hace falta más control para mantener el mismo nivel de obediencia.

Cuando ese control deja de ser suficiente, llega la ruptura. A veces toma la forma de una revolución, otras de una transición, un golpe, una guerra civil, una reforma profunda o simplemente el colapso de un régimen incapaz de seguir sosteniéndose. Y después ocurre algo paradójico: quienes sustituyen al antiguo poder necesitan construir nuevas instituciones, nuevos mecanismos de decisión y nuevas estructuras de autoridad. La sociedad vuelve a organizarse, vuelve a delegar poder y, con ello, vuelve a crear las condiciones para que ese poder pueda concentrarse otra vez.

Podríamos llamar a este fenómeno la rueda del poder. No porque la historia sea un círculo perfecto, sino porque existe una tensión permanente entre dos necesidades que nunca desaparecen: organizar el poder y limitarlo.

El problema empieza cuando necesitamos organizarnos

Una sociedad compleja no puede funcionar sin delegación. No podemos reunir a millones de personas cada mañana para decidir cuánto debe invertirse en hospitales, dónde debe construirse una carretera, cómo debe responderse a una catástrofe, qué normas deben regular la economía o cómo debe administrarse la justicia. Las sociedades necesitan gobiernos, parlamentos, tribunales, administraciones, organismos reguladores, sistemas fiscales, fuerzas de seguridad e instituciones capaces de tomar decisiones con cierta continuidad.

Eso significa que necesariamente entregamos a determinadas personas y organizaciones una capacidad de decisión que el resto no tiene. En esencia, eso es el poder político: la posibilidad de adoptar decisiones que afectan a otros y conseguir que esas decisiones se cumplan.

El problema es que el poder no proporciona únicamente capacidad de decisión. También proporciona acceso a información, contactos, recursos, influencia y, en algunos casos, capacidad para modificar las propias reglas del sistema. Quien controla una institución posee herramientas que pueden utilizarse tanto para cumplir la función para la que esa institución fue creada como para proteger la posición de quienes la controlan. Y esas dos cosas no siempre son fáciles de separar.

Un político que necesita ganar elecciones tiene incentivos para favorecer determinadas políticas que consoliden su base electoral. Un partido que controla una administración puede verse tentado a colocar personas de confianza. Una gran empresa intentará influir en las normas que afectan a su sector. Una burocracia tenderá a justificar su propia existencia y, si puede, a ampliar sus competencias. Ninguno de estos comportamientos requiere necesariamente una conspiración. De hecho, ese es uno de los aspectos más interesantes del problema: un sistema puede desarrollar dinámicas perversas sin que nadie las haya diseñado conscientemente. Basta con que los incentivos empujen a muchas personas en la misma dirección.

El poder tiene una extraña capacidad para producir más poder

Hay pocas cosas que faciliten tanto conseguir poder como poseerlo previamente. Quien dispone de recursos puede comprar influencia; quien dispone de influencia puede modificar reglas; quien puede modificar reglas puede aumentar sus recursos. Se genera así una relación de retroalimentación en la que el poder tiende a reforzarse a sí mismo.

Con el tiempo, una estructura inicialmente creada para administrar una sociedad puede empezar a desarrollar mecanismos destinados a garantizar su propia continuidad. Esto no significa que un sistema democrático se convierta de repente en una dictadura. Lo habitual es que el proceso sea mucho más gradual y difícil de percibir. Aparecen redes de influencia, puertas giratorias, dependencias económicas, clientelismo, concentración mediática, grandes financiadores, partidos cada vez más profesionalizados y grupos cuya supervivencia depende directamente de mantener determinadas estructuras de poder.

Poco a poco puede formarse una clase dirigente que acumula conocimientos, contactos y capacidad de intervención muy superiores a los del ciudadano corriente. En ocasiones, esa élite termina desarrollando intereses propios que no coinciden necesariamente con los de la población a la que debía representar.

A principios del siglo XX, el sociólogo Robert Michels describió algo parecido mediante su conocida “ley de hierro de la oligarquía”. Lo interesante es que Michels no estudiaba únicamente regímenes autoritarios, sino organizaciones democráticas y movimientos que, en teoría, aspiraban precisamente a distribuir el poder. Su tesis era que las organizaciones grandes necesitan dirigentes profesionales, especialistas, personas capaces de manejar información, negociar, administrar recursos y conocer procedimientos complejos. Con el tiempo, esas personas adquieren una ventaja enorme sobre los miembros ordinarios y terminan concentrando el control efectivo de la organización.

La paradoja es evidente: incluso estructuras creadas para distribuir poder pueden terminar generando nuevas élites.

Cuando gobernar y conservar el poder empiezan a confundirse

Una de las fronteras más delicadas aparece cuando quienes gobiernan comienzan a identificar su propia permanencia con la estabilidad del sistema. En ese momento, la crítica deja de ser vista como una parte normal de la vida política y empieza a interpretarse como una amenaza.

Las protestas pueden pasar de considerarse una forma legítima de expresión a presentarse como problemas de orden público. Los periodistas críticos dejan de ser simples profesionales incómodos y empiezan a ser descritos como enemigos. Los adversarios dejan de ser competidores políticos para convertirse en amenazas existenciales. El lenguaje cambia antes que las instituciones, pero ese cambio de lenguaje suele ser importante porque prepara el terreno para justificar medidas que antes habrían resultado inaceptables.

Si el adversario ya no es alguien que propone gobernar de otra manera, sino alguien que supuestamente amenaza al país, a la seguridad o a la estabilidad, entonces limitar sus derechos empieza a parecer más fácil de justificar. Es aquí donde aparece una dinámica especialmente peligrosa: cuanto más teme el poder perder el control, más mecanismos desarrolla para conservarlo, y cuanto más invasivos son esos mecanismos, más desconfianza generan en la población.

El intento de preservar la estabilidad puede acabar destruyendo precisamente la legitimidad que permitía mantenerla.

La diferencia entre obediencia y legitimidad

Un sistema político no sobrevive únicamente porque disponga de policía, tribunales o ejército. Sobrevive, sobre todo, porque una parte suficientemente amplia de la población acepta sus reglas. Esa aceptación no significa necesariamente entusiasmo ni acuerdo. Un ciudadano puede detestar al gobierno y, sin embargo, aceptar el resultado de unas elecciones. Puede considerar injusta una ley y seguir creyendo que existe un procedimiento legítimo para modificarla. Puede perder una disputa judicial y continuar confiando en que el sistema merece ser respetado.

Eso es legitimidad.

Mientras existe esa confianza, el sistema puede funcionar con niveles relativamente bajos de coerción. La mayoría de las personas obedece las normas no porque tema constantemente ser castigada, sino porque considera que el sistema posee suficiente autoridad para establecerlas.

El problema comienza cuando esa legitimidad se deteriora. Si una parte creciente de la población considera que las reglas no son iguales para todos, que las instituciones están capturadas, que determinadas élites disfrutan de privilegios inaccesibles al resto o que participar políticamente sirve cada vez de menos, el sistema empieza a necesitar más coerción para mantener el mismo nivel de obediencia.

Ahí aparece otro circuito de retroalimentación: cuanto menor es la legitimidad, mayor es la necesidad de control; cuanto mayor es el control, mayor puede ser la pérdida de legitimidad.

Las democracias funcionales poseen una ventaja extraordinaria frente a otros sistemas: permiten liberar esa presión sin destruir completamente el orden político. Un gobierno puede ser sustituido, una ley puede ser derogada, un dirigente puede ser investigado, un tribunal puede limitar al ejecutivo, un medio puede publicar información incómoda, una protesta puede cambiar una política y una oposición puede convertirse legalmente en gobierno.

Puede parecer algo trivial porque estamos acostumbrados a ello, pero probablemente sea una de las innovaciones políticas más importantes de la historia: hacer posible que el poder pierda poder sin necesidad de una guerra, una revolución o un golpe de Estado.

El autoritarismo empieza cuando perder deja de ser aceptable

Quizá una de las mejores formas de medir la salud de un sistema político sea observar qué ocurre cuando sus dirigentes pierden. Si perder unas elecciones significa abandonar temporalmente el gobierno, entregar el poder y esperar una nueva oportunidad, existen relativamente pocos incentivos para destruir las reglas del juego.

Pero si perder el poder significa perder negocios, privilegios, protección judicial, influencia económica, fortunas o incluso la propia libertad, los incentivos cambian radicalmente. En esas circunstancias, permanecer en el poder deja de ser una cuestión política y puede convertirse en una cuestión de supervivencia.

Es ahí donde puede comenzar una deriva autoritaria. El poder intenta blindarse, modifica instituciones, coloniza organismos de control, debilita la independencia judicial, presiona a medios de comunicación, utiliza recursos públicos para favorecer aliados y aumenta las barreras para que la oposición pueda competir en condiciones reales.

Normalmente todo ello se justifica apelando a algún peligro. Puede ser una crisis económica, una amenaza exterior, el terrorismo, la delincuencia, la desinformación, la corrupción, una emergencia sanitaria o la defensa de la nación. La historia demuestra que las sociedades están dispuestas a aceptar niveles muy elevados de control cuando creen que se enfrentan a una amenaza grave.

Por eso las emergencias han sido siempre momentos especialmente delicados para las libertades políticas. El problema no es necesariamente que un Estado adopte medidas excepcionales ante una situación excepcional. El problema aparece cuando esas medidas dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte permanente del funcionamiento del sistema.

Autoritarismo no significa necesariamente fascismo

Conviene hacer aquí una distinción importante. Cuando hablamos de esta rueda histórica, utilizar “fascismo” para describir la fase de endurecimiento sería demasiado específico. El fascismo pertenece a una tradición política concreta surgida en el siglo XX, con unas características ideológicas, nacionalistas, militaristas y totalitarias determinadas.

La tendencia a concentrar poder es muchísimo más antigua. Existía en los imperios antiguos, en las monarquías absolutas, en repúblicas, en movimientos revolucionarios y en sistemas políticos que no tenían absolutamente nada que ver con el fascismo.

El término más útil es autoritarismo, porque describe algo más amplio: un sistema en el que quienes gobiernan van reduciendo progresivamente los mecanismos capaces de cuestionarlos, limitarlos o sustituirlos. El autoritarismo no necesita adoptar siempre la misma forma ni utilizar las mismas herramientas. Puede apoyarse en el ejército, en un partido único, en una oligarquía económica, en una burocracia, en un líder carismático o incluso en instituciones aparentemente democráticas que han perdido poco a poco su capacidad real de actuar como contrapeso.

¿Por qué las personas terminan rebelándose?

También conviene evitar otra simplificación habitual: las personas no se rebelan automáticamente cuando están oprimidas. Si así fuera, las dictaduras durarían muy poco. La historia demuestra exactamente lo contrario. Las sociedades pueden soportar durante décadas niveles extraordinarios de desigualdad, violencia y represión.

Para que se produzca una ruptura suelen coincidir varios factores al mismo tiempo: malestar social, crisis económica, pérdida de legitimidad, capacidad de organización de la oposición y, sobre todo, fracturas dentro del propio poder. Este último elemento suele ser decisivo, porque un régimen puede soportar niveles muy elevados de descontento mientras sus élites permanezcan unidas y sus estructuras coercitivas continúen funcionando con normalidad.

Uno de los patrones más interesantes de las grandes revoluciones es precisamente ese. Los regímenes no suelen caer únicamente porque la población se rebele. Caen cuando parte de quienes sostenían el sistema dejan de sostenerlo.

Puede producirse una división dentro del ejército, una crisis entre las élites económicas y el gobierno, una lucha sucesoria, una rebelión regional, una derrota militar, un colapso fiscal o una fractura entre distintos grupos de poder. Cuando esto ocurre, la protesta social encuentra algo que antes no tenía: una grieta en la estructura.

Y a veces basta una grieta para que un régimen que parecía indestructible empiece a desmoronarse con sorprendente rapidez.

La ruptura y la ilusión de empezar de cero

Cuando finalmente llega la ruptura, aparece casi siempre una sensación de comienzo. Caen símbolos, se redactan nuevas constituciones, se crean nuevas instituciones, se sustituyen dirigentes y la sociedad experimenta la impresión de que puede construir algo completamente distinto.

Después de una revolución o de la caída de un régimen, existe a menudo la convicción genuina de que el nuevo sistema evitará los errores del anterior. Pero entonces reaparece la misma necesidad que dio origen a todo el proceso: alguien tiene que gobernar.

Hay que administrar recursos, recaudar impuestos, gestionar servicios públicos, mantener el orden, resolver conflictos, organizar infraestructuras y tomar decisiones. En otras palabras, hay que volver a construir estructuras de poder.

Quizá esas nuevas instituciones posean mejores controles y límites. Quizá estén diseñadas precisamente para evitar los abusos del régimen anterior. Pero siguen siendo instituciones, y siguen concentrando capacidad de decisión.

La rueda vuelve entonces a ponerse en movimiento.

Hace más de dos mil años alguien ya vio algo parecido

La idea de que las formas políticas pueden transformarse cíclicamente no es nueva. Hace más de dos mil años, el historiador griego Polibio desarrolló una teoría conocida posteriormente como anaciclosis. Según su interpretación, las distintas formas de gobierno tendían a degenerar unas en otras.

La monarquía podía transformarse en tiranía; la reacción contra esa tiranía podía producir una aristocracia; la aristocracia podía degenerar en oligarquía; la oligarquía podía provocar una democracia y, según la visión de Polibio, la democracia podía terminar degradándose en una forma caótica de gobierno que finalmente generaría de nuevo la demanda de una autoridad fuerte.

Evidentemente, ese esquema no puede aplicarse literalmente a la historia contemporánea. Las sociedades modernas son infinitamente más complejas que las ciudades y reinos estudiados por los pensadores antiguos. Sin embargo, la intuición de fondo resulta sorprendentemente actual: las estructuras políticas contienen dinámicas internas que pueden terminar transformándolas en algo diferente de aquello para lo que fueron creadas.

El poder genera instituciones, las instituciones producen élites, las élites intentan proteger su posición, la concentración genera resistencia y la resistencia puede terminar provocando una nueva redistribución del poder.

Pero la rueda no tiene por qué completarse

La existencia de estos patrones no significa que todas las sociedades estén condenadas inevitablemente a terminar en una dictadura o en una revolución. La historia no funciona como una máquina y no existe una ley física que obligue a los sistemas políticos a recorrer todas estas etapas.

De hecho, una de las características más importantes de los sistemas políticos estables es precisamente su capacidad para corregirse antes de llegar a la ruptura.

Una sociedad puede responder a una crisis de legitimidad mediante reformas, redistribuyendo poder, renovando instituciones, aumentando la transparencia, fortaleciendo organismos independientes, protegiendo la libertad de prensa, limitando privilegios o sustituyendo dirigentes.

La diferencia fundamental entre un sistema capaz de adaptarse y otro que termina rompiéndose quizá no sea la ausencia de conflictos, sino la existencia de mecanismos que permiten resolverlos sin destruir todo el edificio institucional.

Un sistema político estable no es aquel que nunca cambia. Es aquel que puede cambiar sin derrumbarse.

El verdadero problema quizá no sea quién tiene el poder

Gran parte del debate político gira alrededor de quién debería gobernar. La izquierda o la derecha, los conservadores o los progresistas, los expertos o los ciudadanos, el Estado o el mercado, los tecnócratas o los representantes electos. Pero puede que exista una pregunta anterior y mucho más importante: ¿qué mecanismos impiden que quien gobierna convierta su poder temporal en permanente?

Si esos mecanismos no existen, la ideología puede terminar siendo secundaria. La historia está llena de movimientos que llegaron al poder prometiendo liberar a la sociedad y terminaron construyendo estructuras tan autoritarias como aquellas que habían destruido. No siempre porque mintieran desde el principio, sino porque las mismas dinámicas del poder fueron transformando tanto a las organizaciones como a quienes las dirigían.

Ahí está quizá la parte más incómoda de esta rueda. No habla simplemente de gobernantes malvados o de conspiraciones diseñadas desde arriba. Habla de algo bastante más profundo: de cómo reaccionan las personas y las organizaciones cuando controlan recursos, información e instituciones; de cómo actúan cuando sienten amenazada su posición; de los incentivos que aparecen cuando perder el poder tiene un coste cada vez mayor.

La rueda del poder habla, en última instancia, de una tensión que probablemente acompañará siempre a cualquier sociedad organizada. Necesitamos instituciones fuertes para hacer posible la convivencia, pero también necesitamos mecanismos capaces de impedir que esas instituciones terminen sirviéndose a sí mismas.

Los sistemas políticos contienen dinámicas capaces de transformar una forma de poder en otra y provocar periódicamente su ruptura. Por eso la cuestión fundamental quizá no sea únicamente quién gobierna, sino quién puede limitar a quien gobierna y, sobre todo, si sigue existiendo una forma pacífica de quitarle el poder cuando llegue el momento.

Porque mientras el poder pueda perderse, todavía existe una salida de la rueda.