Cuando se observa el conflicto israelí-palestino, es fácil perderse en la espiral de violencia inmediata. Sin embargo, para comprender la profundidad de la crisis actual, es esencial excavar en sus raíces: no solo en las décadas de ocupación, sino en las narrativas que se utilizan para justificarla. Este artículo no busca equiparar sufrimiento, sino analizar por qué una parte creciente de la comunidad internacional y del mundo del derecho acusa a Israel de prácticas que se alinean con la definición de apartheid, limpieza étnica y, en el caso actual ante la Corte Internacional de Justicia, de genocidio.
La Tierra Prometida: ¿Mandato Divino o Justificación Política?
Una de las piedras angulares del proyecto sionista es la reivindicación bíblica sobre la tierra de Palestina. Según esta narrativa, Dios concedió esa tierra al pueblo judío, lo que proporciona un derecho histórico e incuestionable.
La Crítica Secular: Desde una perspectiva crítica, esta justificación teológica es problemática cuando es aplicada por un estado moderno y secular. Líderes israelíes contemporáneos, muchos de ellos secularizados, instrumentalizan este relato religioso para avalar políticas de expansión territorial y asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional.
La Cuestión de la Descendencia: La demografía judía, moldeada por 2.000 años de diáspora, hace insostenible la idea de una descendencia genética directa y exclusiva de los antiguos hebreos. La conexión es, sobre todo, cultural e identitaria. Por ello, para muchos observadores, el «derecho divino» actúa como una cortina de humo para un proyecto nacionalista de carácter colonial, que prioriza el control de recursos geoestratégicos (como el agua de los acuíferos de Cisjordania) y la supremacía territorial.
De la Ocupación a la Acusación de Genocidio: Un Camino de Hechos Consumados
La ocupación militar de Cisjordania y Gaza (desde 1967) no ha sido un statu quo estático. Ha sido un proceso activo de:
Asentamientos: La transferencia de la propia población civil de la potencia ocupante a territorio ocupado es una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Estos asentamientos fragmentan el territorio palestino, haciendo inviable un estado continuo.
Apartheid: Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado minuciosamente un sistema de leyes y prácticas israelíes que otorgan derechos distintos a israelíes y palestinos, basándose en su origen étnico-nacional. Esto constituye, según estos informes, un sistema de segregación y dominación racial, es decir, un apartheid.
La Acusación de Genocidio: El concepto de genocidio no se limita al número de muertos, sino a la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional. La ofensiva militar en Gaza, con su altísimo costo en vidas civiles, la destrucción de infraestructura esencial (hospitales, universidades, viviendas) y las declaraciones deshumanizadoras de altos funcionarios israelíes, han llevado a la Corte Internacional de Justicia a considerar «plausible» esta acusación. Para quienes sostienen esta perspectiva, no se trata de «daños colaterales», sino de una estrategia calculada para hacer la vida insostenible en Gaza y forzar un desplazamiento masivo permanente: una limpieza étnica.
La Resistencia Palestina: ¿Terrorismo o Lucha de Liberación?
La comunidad internacional designa a Hamas como organización terrorista por sus ataques dirigidos contra civiles israelíes, actos que son indefendibles según el derecho internacional.
Sin embargo, una análisis crítico contextualiza el surgimiento de Hamas como una consecuencia directa de la ocupación. La desesperación, la humillación diaria y la negación de derechos básicos crean un caldo de cultivo para el extremismo. Para una parte del pueblo palestino y sus simpatizantes, Hamas, a pesar de sus métodos aborrecibles, representa una fuerza de resistencia contra un poder opresor infinitamente superior. Esta no es una justificación de su violencia, sino un reconocimiento de que la violencia de los oprimidos no puede desvincularse de la violencia estructural del opresor.
Hacia la Rendición de Cuentas
El camino hacia una paz justa y duradera requiere primero de justicia. La comunidad internacional tiene mecanismos, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, para investigar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La narrativa israelí de la «autodefensa» se desmorona ante la evidencia de una ocupación de décadas, un sistema de apartheid y una ofensiva militar con características genocidas. Es imperativo que los responsables de estas políticas rindan cuentas. La legalidad internacional no puede ser un arma que solo se esgrima contra los débiles; debe ser un escudo para proteger a los vulnerables.
La libertad, la dignidad y la autodeterminación del pueblo palestino no son concesiones que Israel deba hacer; son derechos inalienables. Hasta que no se reconozcan y se ponga fin a la impunidad, el ciclo de violencia no hará más que perpetuarse, con el pueblo palestino pagando, como siempre, el precio más alto.
